La democracia española se enfrenta al desafío más grande en décadas

El gobierno catalán está privando a más de 45 milliones de españoles de su derecho democrático a decidir sobre el futuro de su propio país.  

El “referéndum” inconstitucional e ilegal sobre la independencia de Cataluña, organizado el domingo 1 de octubre, ha sido una grave amenaza para la democracia española y la cohesión social.

Hasta ahora, el proceso político unilateral ha violado todos los marcos jurídicos aplicables -desde las normas parlamentarias del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña hasta la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. La legislación que establece la votación fue forzada en el parlamento catalán por el bloque pro-independentista, que tiene una mayoría de escaños en el Parlamento catalán a pesar de no haber obtenido la mayoría del voto popular en las últimas elecciones. Al hacerlo, violaron los derechos de los partidos de la oposición -que no participaron en el referéndum- y no ha habido censos reconocidos, ni Junta Electoral, ni campaña «no», ni organismo imparcial como la OSCE o el Consejo de Europa para supervisar el proceso.

Es evidente que el referéndum viola la Constitución española de 1978, la cual proclama que la soberanía recae en el pueblo español en su conjunto, reconociendo al mismo tiempo el derecho a una autonomía significativa de sus nacionalidades y regiones constituyentes y la solidaridad entre ellas. Este principio fue confirmado recientemente por el Tribunal Constitucional español, que pidió la suspensión del referéndum. Sin embargo, la decisión del Gobierno catalán de seguir adelante con el referéndum priva a más de 45 millones de españoles de su derecho democrático a decidir sobre el futuro de su propio país.

Por lo tanto, no es un referéndum, sino un plebiscito de una decisión impuesta al resto del cuerpo democrático en Cataluña y España en su conjunto. Es una grave violación de las garantías democráticas. Por otra parte, los proyectos de una República Catalana independiente que ya están sobre la mesa no cumplen los umbrales del Consejo de Europa para las democracias pluralistas, la separación de poderes, el estado de derecho y la igualdad de derechos.

El Gobierno catalán no ha presentado ninguna propuesta de reforma constitucional dentro de las instituciones establecidas en España, un país democrático y un Estado federal. Ninguna democracia puede aceptar un desmantelamiento unilateral de su sistema constitucional. Y tampoco debería Europa aceptar la ruptura unilateral de una de las regiones de sus Estados miembros sobre esta base.

La integración europea se diseñó precisamente para superar la división y el trauma de las políticas identitarias y nacionalistas, que están en el centro de la cuestión en Cataluña. En un momento en que la Unión ya está sometida a graves dificultades, esta crisis corre el riesgo de agravar el espectro de fragmentación europea, al mismo tiempo que brinda a las fuerzas externas, incluidos actores vinculados a Rusia, la oportunidad de desestabilizar la democracia.

También está dividiendo a Cataluña y polarizando a toda España, poniendo en peligro su estabilidad democrática y recuperación económica. Mientras que la mayoría de los catalanes quieren algún tipo de referéndum y muchos aspiran a la independencia (alrededor del 40%, según la mayoría de las encuestas), hay muchos otros que verían como una tragedia convertirse de repente en extranjeros en su propio país. Quieren seguir siendo ciudadanos españoles y comunitarios. España y Cataluña están profundamente entrelazadas, conformando un país diverso.

Por lo tanto, instamos al gobierno catalán a detener su rumbo político hacia la independencia unilateral y desacelerar la retórica divisoria. Hacemos un llamamiento al muy necesario diálogo político entre el gobierno español y el gobierno catalán, que ha sido insuficiente en los últimos años, en el marco de nuestras normas constitucionales, instituciones y principios. Este diálogo político también podría incluir las negociaciones para la reforma constitucional y el aumento de la autonomía de Cataluña, que se someterían a votación tanto en Cataluña como en España en su conjunto.

La crisis actual es una grave amenaza para la democracia española. Pero nuestros líderes todavía tienen la oportunidad de superar el reto y mostrar la habilidad política necesaria para poner los intereses de los catalanes y españoles en primer lugar

 

Autores

Javi López, miembro del Parlamento europeo, Partido Socialista de Cataluña

Lluis Bassets, periodista

Andrés Ortega, analista y escritor

Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea

José Ignacio Torreblanca, profesor de la UNED

Cristina Manzano, directora de Esglobal

José M. de Areilza, profesor en ESADE, Universidad Ramon Llull

Irene Lozano, escritora y directora The Thinking Campus

Eva Piera, miembro del Consejo de ECFR

Diego Hidalgo, fundador de FRIDE y de ECFR Madrid

Javier Solana, presidente de ESADEgeo, antiguo Alto Representante de la UE y exsecretario general de la OTAN

Ana Palacio, exministra de Relaciones Exteriores y vicepresidente del Banco Mundial

Charles Powell, director, Real Instituto Elcano

Antonio Roldán, diputado en el Congreso de los Diputados, Ciudadanos