El momento decisivo de la UE en Polonia

La lucha por el Estado de derecho en Polonia ha llegado a una etapa crítica: ¿qué hará la UE al respecto?

La lucha por mantener el Estado de derecho en Polonia presenta un agudo dilema para los socios polacos de la UE. En tiempos normales, sería obvio que los líderes de los Estados miembros deberían darse cuenta, y que Bruselas debería tomar medidas decisivas. Sin embargo, el conflicto sobre la política migratoria, las disputas comerciales con los Estados Unidos y las divisiones sobre la reforma de la zona euro han empujado el problema de la democracia en Polonia a un segundo plano. Los «pragmáticos» argumentan que se debe evitar abrir un nuevo frente dentro de la Unión. Un enfrentamiento con Varsovia obstaculizaría una política común de la UE para enfrentar los desafíos internos e internacionales. Mientras tanto, «arrinconado», el gobierno polaco se volvería aún más radical y poco constructivo.

De hecho, lo opuesto está más cerca del caso. Lograr acciones efectivas de la UE sobre los desafíos tanto internos como internacionales requiere que la UE aborde la cuestión del Estado de derecho en Polonia. Si, en este momento difícil, la UE quiere mantener su capacidad para una acción externa decisiva, necesita tener su propia casa en orden. Si la UE no actúa, otros tomarán la falta de reacción como una luz verde para ignorar de manera similar las normas más básicas de la UE. Viktor Orbán, por ejemplo, actualmente está preparando reformas similares. Mientras tanto, hay indicios de que Liviu Dragnea, líder del Partido Socialdemócrata de Rumania que actualmente está en el poder, comparte ambiciones similares. Hacer la vista gorda al Estado de derecho en Polonia significaría que ninguna política de la UE sería creíble y tendría un impacto especialmente destructivo en la política de ampliación. ¿Cómo se puede esperar que los países candidatos consideren seriamente las difíciles reformas democráticas si estas reglas se socavan ostensiblemente dentro de la UE?

Contra este difícil contexto, la lucha por el Estado de derecho en Polonia ha llegado a una etapa crítica. Una purga se llevará a cabo en la Corte Suprema de Polonia a principios de julio. Basado en una nueva y probablemente inconstitucional ley, aproximadamente un tercio de los jueces de la Corte deberán jubilarse anticipadamente. Serán reemplazados por los candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura, que ya está politizado y controlado por el partido gobernante PiS. El número de jueces también aumentará de los actuales 81 a 120, asegurando que los nominados a PiS tengan la mayoría.

El partido en el poder ya desmanteló o se apoderó de otros órganos judiciales de Polonia: el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Judicatura y los tribunales inferiores. El Tribunal Supremo es el último pilar de la judicatura independiente de Polonia. El final de su independencia privará al sistema político del país de una ruptura clave en la capacidad del partido gobernante para usar (y abusar) del poder. Al centralizar todo el poder en Polonia, la politización de los tribunales polacos es una de las violaciones más graves del Estado de derecho en la historia de la UE.

Además, la politización de los tribunales es solo la etapa más reciente del proceso de cambio antidemocrático en Polonia. El control sobre el poder judicial no es un fin en sí mismo, sino más bien un instrumento en la lucha por el poder. La sociedad polaca está dividida y los cambios actuales han encontrado resistencia. Como los politólogos estadounidenses Steven Levitsky y Daniel Ziblatt muestran en su libro Cómo mueren las democracias, el camino que lleva desde el desmantelamiento de las bases del Estado de derecho hasta las diversas formas de autoritarismo es a menudo muy corto.

La visita del vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, a Varsovia muestra que la UE ha agotado el camino del diálogo. El gobierno polaco no está listo para ir más allá de las superficiales correcciones a las leyes sobre tribunales comunes y el Tribunal Supremo que ya se han implementado. En esta situación, la Comisión Europea debería enviar la polémica ley al Tribunal de Justicia Europeo, para que dictamine si viola los principios de la UE sobre independencia judicial. A diferencia del proceso relacionado con el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, esto carecería del rechazo de una excesiva politización. Sería un procedimiento legal verificar si las acciones de Polonia cumplen con los principios básicos de la UE. Si el Tribunal de Justicia dictamina que se ha violado la independencia judicial, el gobierno de Varsovia tendrá que ajustar las regulaciones polacas a los requisitos de la UE.

Esta solución ha sido respaldada por la mayoría de las facciones en el Parlamento Europeo. El 14 de junio, los presidentes de cinco grupos políticos, incluido el más grande, el Partido Popular Europeo, enviaron una carta sobre el asunto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. También hay fuertes señales de Polonia. Ex presidentes (incluido Lech Wałęsa), primeros ministros, ministros de Relaciones Exteriores, abogados, ex embajadores, intelectuales y más de 160 ONGs han pedido que la ley sobre el Tribunal Supremo se envíe al Tribunal Europeo de Justicia. En una sentencia en febrero, el propio Tribunal de Justicia estimó que puede evaluar el estado de la independencia judicial en un Estado miembro.

Por ahora, sin embargo, la Comisión Europea está postergando el envío de la ley de Polonia sobre el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la UE. El colegio de comisionados más reciente fue el último lugar en el que, contrariamente a lo esperado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, optó por no considerar el asunto. La inacción de Juncker hace que la postura de los Estados miembros, que hasta ahora han mostrado una considerable moderación, sea clave. El Estado de derecho en Polonia se discutió en la reunión de ministros de la UE para Europa el 26 de junio. Durante la discusión, los Estados miembros recordaron que no solo la democracia polaca está en juego. La respuesta de los líderes europeos mostrará a los Estados miembros, y sus socios, cuán seriamente tratan sus propios principios y cuán comprometidos están con el mantenimiento de una UE que pueda actuar eficazmente en la escena internacional.