Donde termina la ley: El colapso del Estado de derecho en Polonia

Nadie en la UE debería subestimar la gravedad de la crisis actual del Estado de derecho en Polonia o sus implicaciones para la UE. Ningún estado miembro de la UE ha llegado tan lejos sometiendo a sus tribunales al control ejecutivo como lo ha hecho el actual gobierno polaco.

El gobierno polaco ha seguido una sólida estrategia frente a las críticas de las instituciones europeas: paralizar, ofuscar y evitar cualquier concesión significativa. La mayoría parlamentaria de Polonia ha expresado reiteradamente su firme determinación de destruir toda posibilidad de que los tribunales independientes controlen sus acciones. La esperanza de algunas capitales de la UE de que las conversaciones actuales entre la Comisión y el gobierno polaco puedan llevar a un compromiso que preserve una significativa independencia de los tribunales se contradice fuertemente con la experiencia de los últimos tres años.

El 3 de abril de 2018 entró en vigor una nueva ley sobre el Tribunal Supremo polaco. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa advirtió ya a finales de 2017 que los cambios tenían «un parecido sorprendente con las instituciones que existían en la Unión Soviética y sus países satélites». La ley prevé el despido y el nombramiento de docenas de jueces, de modo que una gran mayoría de jueces sería nueva. Esto tendrá lugar ya en julio, a menos que se haya hecho algo antes.

Las acciones concretas y rápidas de la Comisión Europea, los Estados miembros y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas aún pueden evitar lo peor. Recomendamos que 

• La Comisión Europea persiga enérgicamente el procedimiento de infracción en curso contra la Ley de Tribunales Ordinarios, que lanzó en diciembre de 2017 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La peor señal en este momento sería retirar esto antes de que le permita al Tribunal de Justicia evaluar el estado de los tribunales en Polonia en la actualidad.

• La Comisión Europea debe iniciar inmediatamente un procedimiento de infracción contra la Ley del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia, con el objetivo de detener el despido masivo de jueces que tendrá lugar a principios de julio y que sería casi imposible revertir luego.

• Importantes Estados miembros de la UE deberían expresar su apoyo a estos dos pasos. Al mismo tiempo, el Consejo de la UE debe garantizar que la «propuesta razonada» de la Comisión Europea sobre el estado de derecho en Polonia, basada en el artículo 7 del tratado de la UE, se someta a votación lo antes posible y reciba el amplio respaldo de los Estados miembros.

El asalto del gobierno polaco a su poder judicial representa una amenaza para el orden legal de la UE y la estabilidad política a largo plazo. La UE y los ordenamientos jurídicos nacionales están ahora tan entrelazados que no se puede hacer un agujero así de grande sin que todo se desmorone.

Esta investigación ha sido publicada en la Fundación Stefan Batory. Puede encontrar la publicación completa aquí: